Bloque III · Derecho administrativo general · Tema 16 de 45

Tema 16. Las fuentes del derecho administrativo.

Las fuentes del derecho administrativo. La jerarquía de las fuentes. La ley. Las disposiciones del Ejecutivo con fuerza de ley: decreto-ley y decreto legislativo. El reglamento: concepto, clases y límites. Otras fuentes del derecho administrativo.

Revisado el con las bases oficiales.

Tema 1 del bloque III en el BOE.

Qué cubre este tema

El tema estudia el sistema de fuentes del derecho administrativo: la Constitución, la ley y sus clases (orgánica y ordinaria), las normas del Ejecutivo con fuerza de ley (decreto-ley y decreto legislativo), el reglamento y las fuentes subsidiarias (costumbre, principios generales del derecho y jurisprudencia), además del derecho de la Unión Europea y los tratados internacionales. Los preceptos clave son los arts. 9.3, 81 a 86, 96 y 97 CE, el art. 1 del Código Civil, la Ley 50/1997 del Gobierno (forma y jerarquía de las disposiciones) y los arts. 128 a 133 de la Ley 39/2015 sobre potestad reglamentaria y buena regulación. En el examen se preguntan los límites materiales del decreto-ley, el plazo de convalidación, las modalidades de delegación legislativa, la jerarquía de los reglamentos y sus límites.

Ideas clave

  • La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos (art. 9.3 CE).
  • Son leyes orgánicas las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y libertades públicas, las que aprueban los Estatutos de Autonomía y el régimen electoral general y las demás previstas en la Constitución; exigen mayoría absoluta del Congreso en una votación final sobre el conjunto del proyecto (art. 81 CE).
  • Las Cortes pueden delegar en el Gobierno la potestad de dictar normas con rango de ley: mediante una ley de bases cuando se trate de formar textos articulados, o mediante una ley ordinaria cuando se trate de refundir varios textos legales en uno solo (art. 82.2 CE); la delegación ha de ser expresa, para materia concreta y con plazo (art. 82.3).
  • En caso de extraordinaria y urgente necesidad el Gobierno puede dictar decretos-leyes, que no pueden afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades del Título I, al régimen de las Comunidades Autónomas ni al derecho electoral general; deben someterse al Congreso, que los convalida o deroga en los 30 días siguientes a su promulgación (art. 86 CE).
  • El Gobierno ejerce la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes (art. 97 CE), y los tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa (art. 106.1 CE).
  • Los reglamentos no pueden vulnerar la Constitución ni las leyes, ni regular materias reservadas a las Cortes o a las Asambleas autonómicas, ni tipificar delitos, faltas o infracciones administrativas, establecer penas o sanciones, tributos, exacciones parafiscales u otras cargas públicas (art. 128.2 Ley 39/2015); ninguna disposición administrativa puede vulnerar los preceptos de otra de rango superior (art. 128.3).
  • En la AGE los reglamentos se ordenan jerárquicamente en disposiciones aprobadas por Real Decreto del Presidente del Gobierno o acordado en Consejo de Ministros y, por debajo, disposiciones aprobadas por Orden Ministerial (art. 24.2 Ley 50/1997).
  • El ejercicio de la potestad reglamentaria se rige por los principios de buena regulación: necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia (art. 129 Ley 39/2015); las fuentes del ordenamiento son la ley, la costumbre y los principios generales del derecho, y la jurisprudencia complementa el ordenamiento (art. 1 Código Civil).

Cuánto pesa en el examen

Este tema forma parte de Bloque III · Derecho administrativo general, del programa oficial de Administrativo del Estado.

  • El ejercicio dedica 90 preguntas al temario, repartidas entre 45 temas: de media, 2 preguntas por tema.
  • Ritmo del examen: 100 minutos para 90 preguntas, unos 67 segundos por pregunta.
  • Cada error resta 1/3 de un acierto, así que 3 fallos anulan una respuesta correcta: solo compensa arriesgar si descartas alguna de las 4 alternativas.
  • Para el mínimo de 5 sobre 10 hacen falta 45 aciertos sin fallos.

Preguntas tipo examen

3 preguntas de muestra con el formato del examen. En Sacadiez tienes el banco completo del tema con explicación en cada respuesta.

  1. 1 Según el art. 86 de la Constitución, el Congreso de los Diputados debe pronunciarse expresamente sobre la convalidación o derogación de un decreto-ley en el plazo de:
    1. A 15 días desde su publicación
    2. B 30 días siguientes a su promulgación
    3. C Dos meses desde su publicación
    4. D Tres meses desde su promulgación

    Correcta: B. Art. 86.2 CE: los decretos-leyes deberán ser sometidos a debate y votación de totalidad al Congreso en el plazo de los treinta días siguientes a su promulgación.

  2. 2 De acuerdo con el art. 82 de la Constitución, la delegación legislativa para refundir varios textos legales en uno solo debe otorgarse mediante:
    1. A Una ley de bases
    2. B Una ley ordinaria
    3. C Una ley orgánica
    4. D Un acuerdo del Consejo de Ministros

    Correcta: B. Art. 82.2 CE: la delegación se otorga por ley de bases para textos articulados y por ley ordinaria cuando se trate de refundir varios textos legales en uno solo.

  3. 3 Conforme al art. 128.2 de la Ley 39/2015, los reglamentos y disposiciones administrativas NO pueden:
    1. A Desarrollar o colaborar con la ley
    2. B Regular la organización interna de un Ministerio
    3. C Tipificar infracciones administrativas o establecer sanciones
    4. D Ser aprobados por Orden Ministerial

    Correcta: C. Art. 128.2 Ley 39/2015: sin perjuicio de su función de desarrollo de la ley, los reglamentos no pueden tipificar delitos, faltas o infracciones administrativas, establecer penas o sanciones, tributos ni otras cargas públicas.

Fuentes

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