Tema 16 · Administrativo del Estado. Las fuentes del derecho administrativo.
Las fuentes del derecho administrativo. La jerarquía de las fuentes. La ley. Las disposiciones del Ejecutivo con fuerza de ley: decreto-ley y decreto legislativo. El reglamento: concepto, clases y límites. Otras fuentes del derecho administrativo.
Revisado el con las bases oficiales.
Tema 1 del bloque III en el BOE.
Ficha de estudio del tema 16 del programa de Administrativo del Estado. Consulta el programa y las bases en la sede oficial y el formato del examen de Administrativo del Estado.
Qué cubre este tema
El tema estudia el sistema de fuentes del derecho administrativo: la Constitución, la ley y sus clases (orgánica y ordinaria), las normas del Ejecutivo con fuerza de ley (decreto-ley y decreto legislativo), el reglamento y las fuentes subsidiarias (costumbre, principios generales del derecho y jurisprudencia), además del derecho de la Unión Europea y los tratados internacionales. Los preceptos clave son los arts. 9.3, 81 a 86, 96 y 97 CE, el art. 1 del Código Civil, la Ley 50/1997 del Gobierno (forma y jerarquía de las disposiciones) y los arts. 128 a 133 de la Ley 39/2015 sobre potestad reglamentaria y buena regulación. En el examen se preguntan los límites materiales del decreto-ley, el plazo de convalidación, las modalidades de delegación legislativa, la jerarquía de los reglamentos y sus límites.
Ideas clave
- La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos (art. 9.3 CE).
- Son leyes orgánicas las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y libertades públicas, las que aprueban los Estatutos de Autonomía y el régimen electoral general y las demás previstas en la Constitución; exigen mayoría absoluta del Congreso en una votación final sobre el conjunto del proyecto (art. 81 CE).
- Las Cortes pueden delegar en el Gobierno la potestad de dictar normas con rango de ley: mediante una ley de bases cuando se trate de formar textos articulados, o mediante una ley ordinaria cuando se trate de refundir varios textos legales en uno solo (art. 82.2 CE); la delegación ha de ser expresa, para materia concreta y con plazo (art. 82.3).
- En caso de extraordinaria y urgente necesidad el Gobierno puede dictar decretos-leyes, que no pueden afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades del Título I, al régimen de las Comunidades Autónomas ni al derecho electoral general; deben someterse al Congreso, que los convalida o deroga en los 30 días siguientes a su promulgación (art. 86 CE).
- El Gobierno ejerce la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes (art. 97 CE), y los tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa (art. 106.1 CE).
- Los reglamentos no pueden vulnerar la Constitución ni las leyes, ni regular materias reservadas a las Cortes o a las Asambleas autonómicas, ni tipificar delitos, faltas o infracciones administrativas, establecer penas o sanciones, tributos, exacciones parafiscales u otras cargas públicas (art. 128.2 Ley 39/2015); ninguna disposición administrativa puede vulnerar los preceptos de otra de rango superior (art. 128.3).
- En la AGE los reglamentos se ordenan jerárquicamente en disposiciones aprobadas por Real Decreto del Presidente del Gobierno o acordado en Consejo de Ministros y, por debajo, disposiciones aprobadas por Orden Ministerial (art. 24.2 Ley 50/1997).
- El ejercicio de la potestad reglamentaria se rige por los principios de buena regulación: necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia (art. 129 Ley 39/2015); las fuentes del ordenamiento son la ley, la costumbre y los principios generales del derecho, y la jurisprudencia complementa el ordenamiento (art. 1 Código Civil).
Este tema en el examen de Administrativo del Estado
Este tema forma parte de Bloque III · Derecho administrativo general, del programa oficial de Administrativo del Estado.
- El ejercicio incluye 90 preguntas del programa de 45 temas. El programa no fija una cuota de preguntas para cada tema: no se debe asumir un reparto uniforme.
- Ritmo del examen: 100 minutos para 90 preguntas, unos 67 segundos por pregunta.
- La penalización por error es 1/3 del valor de un acierto. Comprueba cómo afectan aciertos, errores y respuestas en blanco en la calculadora de nota del examen.
- Para el mínimo de 5 sobre 10 hacen falta 45 aciertos sin fallos.
Preguntas tipo examen
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1 Según el art. 86 de la Constitución, el Congreso de los Diputados debe pronunciarse expresamente sobre la convalidación o derogación de un decreto-ley en el plazo de:
- A 15 días desde su publicación
- B 30 días siguientes a su promulgación
- C Dos meses desde su publicación
- D Tres meses desde su promulgación
Correcta: B. Art. 86.2 CE: los decretos-leyes deberán ser sometidos a debate y votación de totalidad al Congreso en el plazo de los treinta días siguientes a su promulgación.
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2 De acuerdo con el art. 82 de la Constitución, la delegación legislativa para refundir varios textos legales en uno solo debe otorgarse mediante:
- A Una ley de bases
- B Una ley ordinaria
- C Una ley orgánica
- D Un acuerdo del Consejo de Ministros
Correcta: B. Art. 82.2 CE: la delegación se otorga por ley de bases para textos articulados y por ley ordinaria cuando se trate de refundir varios textos legales en uno solo.
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3 Conforme al art. 128.2 de la Ley 39/2015, los reglamentos y disposiciones administrativas NO pueden:
- A Desarrollar o colaborar con la ley
- B Regular la organización interna de un Ministerio
- C Tipificar infracciones administrativas o establecer sanciones
- D Ser aprobados por Orden Ministerial
Correcta: C. Art. 128.2 Ley 39/2015: sin perjuicio de su función de desarrollo de la ley, los reglamentos no pueden tipificar delitos, faltas o infracciones administrativas, establecer penas o sanciones, tributos ni otras cargas públicas.