Tema 7. La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
Revisado el con las bases oficiales.
Qué cubre este tema
La Ley 19/2013 se estructura en un Título preliminar, un Título I sobre transparencia de la actividad pública (ámbito subjetivo, publicidad activa y derecho de acceso a la información pública), un Título II sobre buen gobierno (principios, infracciones y sanciones de los altos cargos) y un Título III que crea el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Las preguntas se concentran en los sujetos obligados y los umbrales de subvenciones del art. 3, los límites del art. 14, las causas de inadmisión del art. 18, los plazos de resolución y de reclamación (arts. 20 y 24), el régimen sancionador del Título II y la composición y mandato del Consejo.
Ideas clave
- La Ley se aplica a todas las Administraciones Públicas, organismos y entidades del sector público, y también, en cuanto a sus actividades sujetas a Derecho Administrativo, a la Casa de Su Majestad el Rey, el Congreso, el Senado, el Tribunal Constitucional, el CGPJ, el Banco de España, el Consejo de Estado, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas y el Consejo Económico y Social (art. 2.1); las sociedades mercantiles con participación pública superior al 50 % y las fundaciones del sector público también están incluidas.
- Están sujetos a las obligaciones de publicidad activa los partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales y las entidades privadas que perciban en un año ayudas o subvenciones públicas por más de 100.000 euros o cuando al menos el 40 % de sus ingresos anuales sean ayudas públicas, siempre que alcancen un mínimo de 5.000 euros (art. 3).
- La publicidad activa comprende información institucional, organizativa y de planificación (art. 6), de relevancia jurídica (art. 7) y económica, presupuestaria y estadística (art. 8: contratos, convenios, subvenciones, presupuestos, cuentas anuales, retribuciones de altos cargos e indemnizaciones por abandono del cargo); la AGE la publica en el Portal de la Transparencia (art. 10) y el incumplimiento reiterado es infracción grave (art. 9.3).
- Todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública, entendida como los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de los sujetos obligados y hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones (arts. 12 y 13); el solicitante no está obligado a motivar su solicitud (art. 17.3).
- Los límites al acceso del art. 14 (seguridad nacional, defensa, relaciones exteriores, seguridad pública, investigación de ilícitos, tutela judicial, funciones de inspección, intereses económicos, política monetaria, secreto profesional, confidencialidad en la toma de decisiones y medio ambiente) se aplican de forma justificada y proporcionada; el acceso a datos especialmente protegidos (ideología, afiliación sindical, religión o creencias) exige consentimiento expreso y por escrito del afectado (art. 15.1).
- Se inadmiten a trámite, mediante resolución motivada, las solicitudes referidas a información en curso de elaboración o publicación general, de carácter auxiliar o de apoyo (notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos), que exijan una acción previa de reelaboración, dirigidas a un órgano que no posea la información o manifiestamente repetitivas o abusivas (art. 18.1).
- La resolución debe notificarse en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud, ampliable por otro mes si el volumen o la complejidad lo hacen necesario; transcurrido el plazo sin resolución expresa la solicitud se entiende desestimada (art. 20); frente a la resolución cabe reclamación potestativa ante el Consejo de Transparencia en el plazo de un mes, que se resuelve en tres meses con silencio desestimatorio (arts. 23 y 24).
- En materia de buen gobierno, las infracciones en gestión económico-presupuestaria del art. 28 son todas muy graves; las sanciones van desde la amonestación (leves) hasta la destitución y la inhabilitación para ocupar altos cargos entre cinco y diez años (muy graves), y prescriben a los cinco, tres y un años las infracciones muy graves, graves y leves (arts. 30 y 32). El Presidente del Consejo de Transparencia se nombra por Real Decreto por cinco años no renovables, previa comparecencia y refrendo por mayoría absoluta de la Comisión correspondiente del Congreso (art. 37).
Cuánto pesa en el examen
Este tema forma parte de Bloque I · Organización pública, del programa oficial de Auxiliar Administrativo del Estado.
- El ejercicio dedica 80 preguntas al temario, repartidas entre 28 temas: de media, 2,9 preguntas por tema.
- Ritmo del examen: 90 minutos para 110 preguntas, unos 49 segundos por pregunta.
- Cada error resta 1/3 de un acierto, así que 3 fallos anulan una respuesta correcta: solo compensa arriesgar si descartas alguna de las 4 alternativas.
- Para el mínimo de 5 sobre 10 hacen falta 55 aciertos sin fallos.
Preguntas tipo examen
3 preguntas de muestra con el formato del examen. En Sacadiez tienes el banco completo del tema con explicación en cada respuesta.
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1 Según el art. 20 de la Ley 19/2013, ¿cuál es el plazo máximo para notificar la resolución de una solicitud de acceso a la información pública?
- A Diez días hábiles, ampliables a veinte
- B Un mes desde la recepción de la solicitud, ampliable por otro mes si el volumen o complejidad lo justifican
- C Tres meses, con silencio estimatorio
- D Quince días, prorrogables por resolución motivada
Correcta: B. Art. 20.1 Ley 19/2013: un mes desde la recepción por el órgano competente, ampliable por otro mes; el silencio es desestimatorio (art. 20.4).
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2 Conforme al art. 3 de la Ley 19/2013, ¿qué entidades privadas quedan sujetas a las obligaciones de publicidad activa por razón de subvenciones?
- A Las que perciban más de 50.000 euros anuales o el 25 % de sus ingresos
- B Las que perciban más de 100.000 euros anuales o cuando al menos el 40 % de sus ingresos sean ayudas públicas, con un mínimo de 5.000 euros
- C Únicamente las que gestionen fondos europeos
- D Todas las que reciban cualquier subvención pública
Correcta: B. Art. 3.b) Ley 19/2013: ayudas o subvenciones superiores a 100.000 euros en un año, o al menos el 40 % del total de ingresos anuales siempre que alcancen como mínimo 5.000 euros.
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3 De acuerdo con el art. 18 de la Ley 19/2013, ¿cuál de los siguientes supuestos NO es causa de inadmisión de una solicitud de acceso?
- A Que la información esté en curso de elaboración o publicación general
- B Que la solicitud carezca de motivación
- C Que la información tenga carácter auxiliar o de apoyo, como borradores o notas internas
- D Que sea necesaria una acción previa de reelaboración
Correcta: B. Art. 17.3 Ley 19/2013: el solicitante no está obligado a motivar su solicitud, por lo que la ausencia de motivación no es causa de inadmisión; las otras tres figuran en el art. 18.1.
Esta materia entra también en Administrativo del Estado (tema 7), con el mismo temario oficial pero distinto formato de examen.