Programa del Cuerpo de Auxilio Judicial · Tema 10 de 26

Tema 10. La modernización de la oficina judicial.

La modernización de la oficina judicial: Nuevo modelo de organización judicial. La eficiencia organizativa del Servicio Público de Justicia para la implantación de los Tribunales de Instancia y las Oficinas de Justicia en los municipios: su regulación en la Ley Orgánica del Poder Judicial. La Administración de justicia y las nuevas tecnologías: Presentación de escritos y documentos por vía telemática. Concepto de expediente digital y firma digital. La Videoconferencia. Incidencia de la legislación de protección de datos en el uso de las aplicaciones informáticas.

Revisado el 7 de septiembre de 2026 con las bases oficiales.

Qué cubre este tema

El tema explica el modelo organizativo de la Oficina judicial en el Libro V de la LOPJ (arts. 435-439 sexies), reformado por la LO 1/2025 de eficiencia del Servicio Público de Justicia: servicios comunes de tramitación y otros servicios comunes, unidades administrativas, Oficinas del Registro Civil, Oficinas de Justicia en los municipios y Oficina fiscal, junto con la implantación escalonada de los Tribunales de Instancia. La segunda parte aborda la Administración de Justicia digital con el Real Decreto-ley 6/2023, que sustituye a la Ley 18/2011: derechos digitales, presentación telemática obligatoria de escritos, documento y expediente judicial electrónico, sistemas de identificación y firma, videoconferencia y lugares seguros, y la protección de datos en las aplicaciones informáticas (arts. 236 bis a 236 decies LOPJ y LO 3/2018). Se preguntan definiciones, fechas de las fases de implantación, quién dirige cada servicio y reglas de cómputo de plazos de los registros electrónicos.

Ideas clave

• La Oficina judicial es la organización de carácter instrumental que sirve de soporte y apoyo a la actividad jurisdiccional de jueces y tribunales; su estructura básica es homogénea en todo el territorio nacional y se basa en los principios de jerarquía, división de funciones y coordinación, y sus puestos solo pueden ser cubiertos por personal de los cuerpos de funcionarios al servicio de la Administración de Justicia (art. 435 LOPJ).
• La actividad de la Oficina judicial se realiza a través de servicios comunes, que comprenden los servicios comunes de tramitación y, en su caso, otros que se determinen (art. 436.1 LOPJ); el servicio común de tramitación realiza todas las funciones requeridas para la ordenación del procedimiento y asiste al Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, cada TSJ, cada Audiencia Provincial, cada Tribunal de Instancia y el Tribunal Central de Instancia (art. 437). La dirección de cada servicio común corresponde a un letrado de la Administración de Justicia (art. 436.6).
• El Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas pueden crear otros servicios comunes de registro y reparto, apoyo, actos de comunicación, auxilio judicial nacional e internacional, ejecución y jurisdicción voluntaria (art. 438 LOPJ) y unidades administrativas no integradas en la Oficina judicial para la gestión de recursos humanos y medios materiales e informáticos, incluidas las de medios adecuados de solución de controversias (art. 439).
• Las Oficinas de Justicia en los municipios son unidades no integradas en la Oficina judicial que existen en cada municipio donde no tenga su sede un Tribunal de Instancia (art. 439 ter LOPJ); prestan asistencia al juez de paz, practican los actos de comunicación que no hayan podido realizarse electrónicamente, colaboran con el Registro Civil y, cuando los medios lo permitan, facilitan la intervención por videoconferencia y la recepción de solicitudes de justicia gratuita (art. 439 quater). La LO 1/2025 dispuso la constitución escalonada de los Tribunales de Instancia el 1 de julio, el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2025 (disposición transitoria primera).
• Los ciudadanos tienen derecho a relacionarse con la Administración de Justicia por medios electrónicos, a conocer el estado de tramitación de sus procedimientos y a obtener copia del expediente judicial electrónico (art. 5 RDL 6/2023); la presentación de escritos y documentos, los actos de comunicación y todos los servicios se realizan por medios electrónicos, salvo para las personas físicas que no actúen representadas por procurador, que pueden elegir el canal (art. 32 RDL 6/2023). Los registros electrónicos admiten escritos todos los días del año durante las veinticuatro horas, y la presentación en día inhábil se entiende realizada en la primera hora hábil del primer día hábil siguiente (art. 72).
• Es documento judicial electrónico la información en forma electrónica generada, recibida o incorporada al expediente por la Administración de Justicia, con metadatos y sello o firma electrónica; tiene la consideración de documento público cuando incorpora la firma electrónica del letrado de la Administración de Justicia en el ámbito de sus competencias (art. 39 RDL 6/2023). El expediente judicial electrónico es el conjunto ordenado de datos, documentos, trámites, actuaciones y grabaciones de un procedimiento, con un número de identificación único e inalterable y un índice electrónico que garantiza su integridad (art. 47).
• La identificación y la firma electrónica en las actuaciones judiciales se rigen por los arts. 9 y 10 de la Ley 39/2015 y por el Reglamento (UE) 910/2014 (arts. 19 y 20 RDL 6/2023); los documentos pueden incorporar un Código Seguro de Verificación que permite cotejar su autenticidad e integridad en la sede judicial electrónica (art. 26). Las actuaciones judiciales pueden realizarse por videoconferencia con comunicación bidireccional y simultánea de imagen y sonido, garantizando la contradicción y el derecho de defensa (art. 229.3 LOPJ); los intervinientes deben identificarse al inicio del acto (art. 60 RDL 6/2023) y son lugares seguros, entre otros, las oficinas judiciales y fiscales, las Oficinas de Justicia en el municipio, los Registros Civiles y los Institutos de Medicina Legal (art. 62).
• El tratamiento de datos personales en la Administración de Justicia puede tener fines jurisdiccionales o no jurisdiccionales (art. 236 bis LOPJ); las resoluciones deben contener solo los datos adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario (art. 236 quinquies); la supervisión de los tratamientos con fines jurisdiccionales corresponde al CGPJ y a la Fiscalía General del Estado y la de los no jurisdiccionales a la Agencia Española de Protección de Datos (art. 236 octies), ejerciendo el Consejo esa competencia a través de su Comisión de Supervisión y Control de Protección de Datos (art. 236 nonies). Los juzgados, tribunales y fiscalías están obligados a utilizar los medios técnicos puestos a su disposición con las limitaciones de la normativa de protección de datos (art. 230.1 LOPJ).

Cuánto pesa en el examen

Este tema forma parte de Programa del Cuerpo de Auxilio Judicial, del programa oficial de Auxilio Judicial.

• El ejercicio dedica 100 preguntas al temario, repartidas entre 26 temas: de media, 3,8 preguntas por tema.
• Ritmo del examen: 100 minutos para 100 preguntas, unos 60 segundos por pregunta.
• Cada error resta 1/4 de un acierto, así que 4 fallos anulan una respuesta correcta: solo compensa arriesgar si descartas alguna de las 4 alternativas.
• Para el mínimo de 5 sobre 10 hacen falta 50 aciertos sin fallos.

Preguntas tipo examen

3 preguntas de muestra con el formato del examen. En Sacadiez tienes el banco completo del tema con explicación en cada respuesta.

1. 1 Según la disposición transitoria primera de la LO 1/2025, la última fase de constitución de los Tribunales de Instancia, que transformó los restantes Juzgados no incluidos en las fases anteriores, tuvo lugar el:

   1. A 1 de julio de 2025
   2. B 1 de octubre de 2025
   3. C 31 de diciembre de 2025
   4. D 1 de enero de 2026

   Correcta: C. DT 1ª LO 1/2025: 1 de julio de 2025 (Juzgados de Primera Instancia e Instrucción y de Violencia sobre la Mujer en partidos sin otro tipo de Juzgados), 1 de octubre de 2025 (Juzgados de Primera Instancia, de Instrucción y de Violencia sobre la Mujer en partidos sin otros Juzgados) y 31 de diciembre de 2025 (los restantes Juzgados).

2. 2 De acuerdo con el art. 47 del Real Decreto-ley 6/2023, el expediente judicial electrónico:

   1. A Tiene un número de identificación general único e inalterable a lo largo de todo el proceso
   2. B Excluye las grabaciones audiovisuales, que se conservan en un archivo separado
   3. C Debe imprimirse íntegramente para su remisión a otro tribunal
   4. D Carece de índice electrónico, sustituido por el sello del letrado de la Administración de Justicia

   Correcta: A. Art. 47 RDL 6/2023: el expediente incluye datos, documentos, trámites, actuaciones y grabaciones audiovisuales, se le asigna un número de identificación general único e inalterable, tiene un índice electrónico firmado que garantiza su integridad y su remisión se sustituye por la puesta a disposición.

3. 3 Conforme al art. 72 del Real Decreto-ley 6/2023, la presentación de un escrito por medios electrónicos en un día inhábil a efectos procesales se entiende realizada:

   1. A En el mismo día inhábil, con plenos efectos
   2. B En la primera hora hábil del primer día hábil siguiente
   3. C A las 15:00 horas del día hábil siguiente
   4. D En el día hábil anterior a la presentación

   Correcta: B. Art. 72.3 RDL 6/2023: la presentación por medios electrónicos en un día inhábil se entenderá realizada en la primera hora hábil del primer día hábil siguiente, salvo que una norma permita expresamente la recepción en día inhábil; los registros admiten escritos las 24 horas todos los días del año (72.2).

Fuentes

• Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (arts. 229-230, 236 bis a 236 decies y 435-439 sexies)
• Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia
• Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre (Libro primero: eficiencia digital del Servicio Público de Justicia)
• Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales